Tras la apertura de sobres en la plataforma Contrat.Ar, dos consorcios de capitales argentinos avanzaron en la licitación para adquirir el paquete accionario de la distribuidora de agua potable del AMBA. El proceso contempla un plan de inversión obligatorio superior a los US$ 2.000 millones a cinco años.
El Ministerio de Economía dio un paso clave en el esquema de privatizaciones impulsado bajo la Ley Bases tras concretar la apertura de sobres para la venta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). De las 17 firmas que inicialmente manifestaron interés en el proceso, dos consorcios empresarios de origen nacional presentaron formalmente sus propuestas operativas. El esquema diseñado por el Poder Ejecutivo prevé la transferencia del 90% de la compañía estatal mediante un modelo por etapas, con el objetivo de recaudar cerca de US$ 500 millones y asegurar la continuidad de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento en la Capital Federal y 26 municipios del conurbano bonaerense.
Los oferentes formalizados ante el sistema oficial de compras del Estado son los grupos Rowing-Arcos-Transclor-PHX —liderado por Rowing S.A.— y la firma Roggio ROAS S.A.U. junto a sus asociados. Ambas propuestas ingresaron a la fase de evaluación técnica y legal a cargo de la comisión evaluadora del pliego. Una vez superado este filtro normativo, las empresas que resulten habilitadas competirán en la instancia de oferta económica, donde la adjudicación se definirá estrictamente por el mayor valor ofertado.
El marco contractual aprobado por las autoridades establece una concesión inicial por un plazo de 30 años, con opción de prórroga por una década adicional. La reestructuración accionaria se dividirá en dos fases: en esta primera etapa se licitará el 51% de la participación estatal, mientras que el 39% restante saldrá a la venta mediante una Oferta Pública Inicial (OPI) en el mercado bursátil. El 10% de las acciones continuará bajo el régimen de propiedad participada en manos de los trabajadores de la empresa.
Según detalló el ministro de Economía, Luis Caputo, la licitación no solo persigue el ingreso directo de divisas por la venta de activos, sino que condiciona al operador privado a ejecutar un programa integral de obras de infraestructura. Este plan demandará compromisos de capital por más de US$ 2.000 millones durante los primeros cinco años de gestión, destinados a la ampliación de la red y a la mejora de los estándares operativos en las áreas de mayor densidad poblacional del AMBA, incluyendo distritos como La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes, San Isidro y Merlo, entre otros.
La resolución de la licitación marcará el hito inicial dentro del paquete de privatizaciones autorizado por el Congreso, reconfigurando la administración de los servicios públicos esenciales en el área metropolitana.
