El Tribunal Oral Criminal N°5 dictó sentencia en la causa por el desvío de fondos destinados a viviendas sociales. El exministro de Planificación Federal resultó absuelto, mientras que los exfuncionarios José López y Abel Fatala, junto a los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, recibieron penas de hasta 2 años y 9 meses de prisión en suspenso. Se ordenó el decomiso de más de 206 millones de pesos.
El Tribunal Oral Criminal N°5 absolvió al exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y condenó a penas de prisión en suspenso a los exfuncionarios José López y Abel Fatala, así como a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, en el marco del juicio por la causa Sueños Compartidos. El fallo fue anunciado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg en los tribunales de Comodoro Py, un día antes de que operara el plazo de prescripción de la acción penal estipulado por la fiscalía. Las condenas impuestas resultaron significativamente inferiores a los seis años de cárcel que había solicitado el fiscal Diego Velasco durante la etapa de alegatos.
En la resolución, el exsecretario de Obras Públicas, José López, y el exsubsecretario del área, Abel Fatala, fueron sentenciados a 2 años y 9 meses de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al ser considerados coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. En tanto, Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, recibieron penas de 2 años y 8 meses y 2 años y 4 meses de prisión condicional, respectivamente, bajo la figura de partícipes necesarios.
Junto con la absolución de De Vido, el tribunal resolvió desvincular de la causa a Carlos Castellano, exintegrante del Ministerio de Planificación; Daniel Freidin, exasesor de Fatala; y a los exfuncionarios provinciales de Santiago del Estero, Daniel y Karina Nasif. Al inicio de la jornada, los magistrados habían rechazado los planteos de nulidad y prescripción por violación del plazo razonable presentados por las defensas.
Asimismo, la sentencia dispuso por mayoría el decomiso de bienes por un valor total de $206.438.454,05, cifra fijada como el monto actualizado de los fondos públicos desviados del programa de construcción de viviendas. La suma final de la restitución patrimonial quedará sujeta a ajuste una vez que el fallo quede firme.
Los fundamentos completos del veredicto serán dados a conocer por el tribunal el próximo 13 de noviembre a las 17 en la sede judicial.
