Ante más de 150 empresas del sector reunidas en el hotel Hilton de Mendoza, el gobernador Alfredo Cornejo detalló el programa de exploración y desarrollo para la franja no convencional de Vaca Muerta en el sur provincial. La estrategia contempla el inicio de pozos a cargo de YPF y TCA Quintana en Cañadón Amarillo, la prórroga de áreas convencionales mediante el Plan Andes y el envío a la Legislatura de una norma que reformará las regalías, los incentivos de inversión y la convivencia con la minería.
El gobernador Alfredo Cornejo encabezó este viernes 18 de septiembre la apertura del Mendoza Energy Summit, foro que reunió a más de 150 ejecutivos de la industria energética en la capital provincial para repasar las metas de producción de petróleo convencional y no convencional. Durante su alocución, el mandatario confirmó que en octubre comenzará una nueva campaña de perforación en la lengua mendocina de Vaca Muerta con la ejecución de tres pozos a cargo de YPF y dos en el bloque Cañadón Amarillo por parte de TCA Quintana, proyecto que prevé un desembolso inicial de US$44 millones y compromisos contingentes por hasta US$350 millones. En paralelo, Cornejo ubicó en US$1.000 millones el volumen global de compromisos de inversión vigentes en la provincia, apuntalados por el Plan Andes tras la salida de YPF de campos maduros y la reciente prórroga del clúster Malargüe Avenoy. El anuncio institucional estuvo acompañado por la presentación parlamentaria del proyecto de modificación de la Ley 7.526 de Hidrocarburos, elaborado por la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, con el propósito de actualizar el marco fiscal y otorgar previsibilidad a largo plazo.
La reforma legislativa elevada a la Cámara de Diputados busca sustituir el marco normativo vigente desde hace dos décadas para instaurar un sistema dinámico de regalías e incentivos que premie la incorporación de reservas y la aplicación de tecnología de recuperación mejorada.
En relación con el petróleo convencional, el jefe del Ejecutivo provincial defendió la reestructuración del mapa de operadores del Plan Andes, señalando que la transferencia de campos maduros a firmas especializadas evitó el cese de la producción y garantizó más de US$950 millones en compromisos de desarrollo.
Por otra parte, la propuesta normativa contempla reglas de convivencia técnica entre emprendimientos petroleros y mineros, en forma simultánea con la eliminación de alícuotas de Ingresos Brutos y Sellos para proyectos de generación solar privada.
