Un correo electrónico recibido cerca de las 10:30 de este viernes advirtió sobre la presencia de explosivos e intenciones de concretar un ataque en los edificios de la casa de estudios. La advertencia obligó a desalojar de urgencia las sedes de la Ciudad de Mendoza, San Rafael y Río Cuarto. Las autoridades rectorales activaron el protocolo de seguridad y decidieron suspender la totalidad de las actividades académicas y administrativas por el resto de la jornada.
Las autoridades de la Universidad de Mendoza ordenaron este viernes 18 de septiembre la evacuación inmediata de sus edificios en la Ciudad de Mendoza, San Rafael y la subsede de Río Cuarto, tras recibir una amenaza de bomba y un mensaje de intimidación masiva a través del correo electrónico institucional. El hecho se desencadenó cerca de las 10:30 cuando las casillas oficiales de la casa de estudios recepcionaron un escrito firmado por una supuesta organización extremista que anunciaba la colocación de explosivos y el despliegue de un ataque armado contra el personal docente y el alumnado. Frente a la gravedad del texto, el equipo directivo activó los protocolos de seguridad junto a las fuerzas policiales, disponiendo el desalojo ordenado de las instalaciones y la suspensión total de la agenda académica y administrativa durante el resto de la fecha para facilitar las inspecciones de las brigadas de explosivos.
El correo electrónico que motivó el operativo de emergencia incluía consignas de contenido ideológico violento y adjuntaba la fotografía de un arma blanca, asegurando que el ataque se ejecutaría en de forma simultánea.
Unidades especializadas de la Policía de Mendoza y de la provincia de Córdoba se desplegaron en los inmuebles universitarios de las distintas sedes para efectuar el rastrillaje y verificar la presencia de artefactos sospechosos.
La institución académica emitió un comunicado oficial confirmando la interrupción de todas las tareas presenciales para resguardar la integridad física de la comunidad universitaria mientras intervienen las fuerzas de seguridad.
La Justicia Federal inició una causa para rastrear la dirección IP del correo electrónico e identificar a los responsables del mensaje intimidatorio.
