El Tribunal Penal Colegiado N°2 de Mendoza fijó una pena de 20 años de prisión para la religiosa japonesa Kumiko Kosaka tras haber sido declarada culpable de siete hechos de abuso sexual contra alumnos sordos del Instituto Antonio Próvolo. A pesar de la condena y del reclamo del Ministerio Público Fiscal y las querellas para efectivizar su inmediata detención por riesgo de fuga, los jueces Gabriel Bragagnolo, Federico Martínez y Juan Manuel Pina González dispusieron que la acusada no ingrese a un penal ni cumpla prisión domiciliaria. La medida obedece a que la sentencia dictada por la Suprema Corte provincial aún no se encuentra firme, a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La resolución dada a conocer este jueves 24 de septiembre de 2026 tras la audiencia de cesura causó indignación entre las familias de las víctimas del Caso Próvolo. La monja de 56 años fue hallada responsable como autora de abusos sexuales simples y ultrajantes, además de participar en agresiones cometidas por el sacerdote Horacio Corbacho. Sin embargo, debido al principio de doble conforme tras haber sido absuelta en primera instancia en 2023, la imputada mantendrá la libertad ambulatoria dentro del territorio provincial. Las autoridades judiciales le impusieron la prohibición estricta de salir de Mendoza y la obligación de presentarse periódicamente ante los estrados.
Los fundamentos del tribunal explicaron que la pena dictada por la Corte mendocina está apelada mediante un Recurso Extraordinario Federal promovido por la defensa técnica.
Las querellas y la fiscalía insistieron en ordenar la prisión preventiva advirtiendo sobre la tenencia de pasaporte extranjero y la permanencia reciente de la religiosa en Paraguay.Los jueces de la causa confirmaron que las restricciones de desplazamiento geográfico continuarán vigentes hasta tanto el máximo tribunal nacional dicte sentencia definitiva.
Los representantes letrados de los exalumnos del Próvolo evaluarán presentar nuevas medidas cautelares para garantizar que la acusada permanezca a derecho durante el proceso.
