El juez federal Julián Ercolini solicitó formalmente la cooperación judicial de las autoridades de Gran Bretaña e Israel para obtener la composición societaria, registros de autoridades y listas de directivos de las firmas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum. La medida fue impulsada por el fiscal Carlos Stornelli en el marco de la causa que investiga la exploración y explotación hidrocarburífera no autorizada en el proyecto Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. El juzgado busca identificar a los ejecutivos responsables para citarlos a declaración indagatoria y no descarta librar órdenes de captura internacional mediante la red de Interpol en caso de incomparecencia.
El requerimiento de asistencia jurídica internacional fue notificado este viernes 25 de septiembre de 2026, tras una denuncia formal presentada por el Poder Ejecutivo nacional. La investigación se centra en la presunta violación de las leyes argentinas de hidrocarburos y protección ambiental por parte de corporaciones extranjeras en aguas bajo disputa de soberanía. La solicitud incluye requerimientos a la diplomacia británica e israelí para reconstruir la trama corporativa desde 2012 hasta la fecha, además de citaciones a funcionarios nacionales como la embajadora Paula Iris Di Chiario para prestar declaración testimonial en los tribunales federales de Comodoro Py.
Los exhortos librados a Gran Bretaña e Israel requirieron las nóminas completas de socios, apoderados y licencias petroleras otorgadas de forma ilegítima en el Atlántico Sur.
Las actuaciones del Ministerio Público Fiscal apuntan a establecer la responsabilidad penal de los ejecutivos corporativos que financian la extracción ilegítima de recursos en la cuenca norte.Las áreas operativas de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Seguridad remitirán los informes ambientales e intervenciones de las fuerzas de seguridad federales requeridos por el tribunal.
Los tribunales de la Capital Federal mantendrán la recepción de los exhortos diplomáticos para definir las imputaciones formales y el llamado a indagatoria de los directivos extranjeros.
