La Legislatura provincial aprobó de manera unánime la reforma del Código Contravencional de Mendoza (Ley 9.099), estableciendo un severo esquema de sanciones económicas, arrestos y trabajo comunitario para personas y empresas que arrojen o acumulen residuos en la vía pública, acequias, canales y colectores aluvionales. La normativa, enviada al Ejecutivo para su promulgación, busca resguardar la infraestructura hídrica y prevenir obstrucciones que deriven en anegamientos o riesgos sanitarios.
Con la incorporación de artículos específicos sobre drenaje y preservación ambiental, las multas para particulares que afecten el sistema de distribución de agua o la limpieza de frentes oscilarán entre $600.000 y $1.800.000, pudiendo duplicarse en contextos de emergencia climática declarada. En el caso de las personas jurídicas o empresas, los montos alcanzarán hasta los $6.000.000, además de contemplar clausuras e inhabilitaciones. Lo recaudado por la aplicación de estas contravenciones tendrá una asignación específica destinada al financiamiento de los cuerpos de Bomberos Voluntarios de la provincia.
