A través del canciller Pablo Quirno y la Procuración del Tesoro, el Ejecutivo presentó una demanda penal contra firmas hidrocarburíferas por operar con licencias del Reino Unido bajo infracción de la Ley 26.659. En paralelo, Javier Milei ordenó a Luis Caputo asignar partidas prioritarias a la infraestructura militar en Tierra del Fuego dentro de la pauta presupuestaria del próximo año.
El Gobierno nacional activó una ofensiva judicial y de defensa por la soberanía en el Atlántico Sur al denunciar penalmente a cinco corporaciones petroleras internacionales y ordenar el blindaje financiero para la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego. La presentación judicial, encabezada por el canciller Pablo Quirno con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, apunta contra ejecutivos y accionistas por el desarrollo de tareas ilegales de exploración en la Cuenca Malvinas Norte mediante concesiones británicas. A la par del frente penal, el presidente Javier Milei firmó una directiva formal orientada al ministro de Economía, Luis Caputo, para garantizar los fondos necesarios de infraestructura logística y militar en el proyecto de Presupuesto 2027 que ingresará el próximo 15 de septiembre al Congreso de la Nación.
Las medidas combinan el fuero penal internacional para desincentivar la explotación ilegítima de recursos naturales con la asignación estratégica de recursos públicos para la presencia estatal en el Atlántico Sur.
Los puntos nodales de las actuaciones penales y de la directiva presupuestaria marcan:
- Compañías imputadas: La demanda abarca a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
- Infracción normativa: La denuncia invoca las sanciones de la Ley 26.659 y alcanza de forma directa a directores, gerentes, síndicos y apoderados por la realización de actividades extractivas sin autorización de las autoridades argentinas.
- Prioridad presupuestaria: La instrucción enviada al Palacio de Hacienda exige incluir dentro del proyecto del Presupuesto 2027 la asignación de recursos para la construcción de la Base Naval Integrada y proyectos complementarios de seguridad.
- Posicionamiento soberano: Desde la Oficina del Presidente ratificaron que el objetivo central es proteger los activos energéticos y resguardar la proyección territorial de la República Argentina sobre la Antártida y las islas del Atlántico Sur.
Con la apertura de la vía penal contra las empresas petroleras y la orden de garantizar fondos para la infraestructura estratégica en la Patagonia, el Ejecutivo busca marcar la pauta diplomática y de defensa en la antesala de la discusión legislativa por el presupuesto nacional.
