Representantes del cinturón verde y de las cámaras del Norte y Este mendocino advierten sobre un panorama desolador, marcado por precios irrisorios en chacra y servicios energéticos en aumento. Ante la pérdida de rentabilidad, la erradicación de cultivos y la caída en la superficie sembrada, exigen declarar la emergencia agropecuaria y formar una mesa de concertación con el Ejecutivo.
El sector frutihortícola de Mendoza atraviesa un escenario crítico debido a una combinación de retracción del consumo interno, precios en finca desfasados y aumentos operativos por encima de la inflación. A pesar de los elevados valores que los consumidores observan en las góndolas para ciertos insumos básicos, la brecha comercial deja a los agricultores con ingresos que no cubren los costos mínimos de siembra, energía eléctrica y riego. Esta pérdida de rentabilidad provocó un freno en la resiembra, el abandono de hectáreas productivas en Maipú, Lavalle y la zona Este, e impulsó a referentes de distintas asociaciones a exigir la declaración de la emergencia agropecuaria y un espacio de trabajo conjunto con el Gobierno provincial para frenar el éxodo rural.
El deterioro del entramado productivo local afecta directamente la sustentabilidad económica de las familias agricultoras y la estructura del cinturón verde, uno de los abastecedores más relevantes del país.
Los factores centrales que explican el estancamiento y los reclamos del sector abarcan:
- Distorsión de precios y costos: Los productores reciben sumas irrisorias en finca —con bultos de brócoli de hasta seis unidades ofrecidos a $500 y precios por kilo que no cubren la inversión— mientras deben afrontar tarifas de agua, luz e insumos con subas que superaron los índices inflacionarios promedio.
- Caída del consumo e importación: El freno en la demanda del mercado interno obliga a comercializar únicamente lo indispensable, al tiempo que el ingreso de mercadería importada (como tomate y zanahoria) depreció el valor de la hortaliza local al competir en condiciones desiguales de mercado.
- Cambios en la tenencia de la tierra: El encarecimiento de la operatividad derivó en la pérdida de superficie cultivada, el arrendamiento estancado de fincas y la conversión de propietarios en «porcentajeros», modalidad informal donde el trabajador queda expuesto a no percibir ingresos si la cosecha no se vende.
- Pedimento de políticas públicas: Las entidades gremiales, entre ellas la Cámara de la Zona Norte y la Asociación de Pequeños Productores de Cuyo, solicitaron la apertura de una mesa sectorial con la participación del INTA y el Estado provincial para gestionar créditos a tasa subsidiada, mitigar el costo energético y modernizar la infraestructura frente a la crisis hídrica.
La retracción del cinturón verde mendocino enciende alarmas no solo sobre la continuidad laboral de cientos de familias rurales, sino también sobre el impacto de mediano plazo en el abastecimiento regional, que podría derivar en una menor oferta de mercadería fresca y un posterior encarecimiento generalizado para el consumidor final.
