El fiscal federal Carlos Stornelli amplió la acusación en la causa que investiga la exploración y explotación ilegítima de hidrocarburos en la plataforma continental argentina próxima a las Islas Malvinas. El representante del Ministerio Público Fiscal incorporó al expediente a tres sociedades vinculadas a la firma Rockhopper Exploration PLC y a Navitas Petroleum Development and Production Limited, sumándolas a la ya imputada Desire Petroleum Limited. Asimismo, Stornelli solicitó el envío de exhortos diplomáticos al Reino Unido e Israel para reconstruir la composición societaria de las firmas y verificar posibles delitos ambientales, infracciones aduaneras y lavado de activos.
El fiscal federal Carlos Stornelli requirió la ampliación de la imputación penal contra un grupo de compañías petroleras internacionales que desarrollan tareas de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos en las inmediaciones de las Islas Malvinas sin contar con la autorización del Estado argentino. La medida judicial recayó sobre las firmas Rockhopper Exploration PLC, sus subsidiarias Rockhopper Exploration (Oil) Limited y Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, y Navitas Petroleum Development and Production Limited, las cuales se suman a la acusación originaria contra Desire Petroleum Limited. La causa, radicada en el Juzgado Federal Número 11 a cargo de manera subrogante del juez Ariel Lijo, se inició a partir de una denuncia formulada por el canciller Pablo Quirno en el marco de las acciones legales y diplomáticas impulsadas por el Gobierno nacional. En su presentación, el fiscal solicitó el libramiento de exhortos internacionales a Israel y al Reino Unido para determinar las estructuras directivas de las empresas y corroborar eventuales violaciones a la Ley 26.659, la cual prevé penas de hasta 15 años de prisión y severas multas en barriles de petróleo para quienes operen sin aval oficial en la plataforma continental.
La fiscalía investiga si las compañías continuaron utilizando licencias otorgadas de forma ilegítima por autoridades británicas, contraviniendo las resoluciones administrativas expedidas por la Secretaría de Energía de la Nación.
Las figuras penales bajo análisis contemplan sanciones de prisión e inhabilitación comercial para directores y representantes legales de las personas jurídicas involucradas, además de multas equivalentes al valor de hasta un millón y medio de barriles de crudo.
El requerimiento del fiscal se alinea con el conjunto de medidas de resguardo de la soberanía en el Atlántico Sur anunciadas semanas atrás por el presidente Javier Milei durante una cadena nacional.
El juez Ariel Lijo evaluará las medidas de prueba sugeridas antes de librar las rogatorias a los tribunales de Londres y Tel Aviv.
