El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, intimó formalmente al Gobierno Nacional a dar cumplimiento efectivo a la Ley de Financiamiento Universitario mediante la actualización de los salarios docentes y no docentes y el incremento de las partidas para becas estudiantiles. El magistrado desestimó los informes presentados por el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, tras considerar que la administración central no acreditó el acatamiento de la medida cautelar vigente. Cormick fijó un plazo perentorio de cinco días para la recomposición de los fondos —que contempla un ajuste salarial del 33%— e impuso el apercibimiento de aplicar sanciones económicas diarias en caso de reincidir en la desobediencia judicial.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 emitió este martes 22 de septiembre de 2026 una intimación dirigida al Poder Ejecutivo Nacional para exigir la aplicación de las recomposiciones presupuestarias fijadas por la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución firmada por el juez Martín Cormick emplazó a la gestión del presidente Javier Milei a cumplir en un plazo de cinco días con la actualización de los haberes para el personal docente y nodocente de las universidades nacionales, además de los montos destinados a los programas de becas. El fallo establece la aplicación de astreintes financieras por cada día de mora si la cartera de Capital Humano no liquida los incrementos correspondientes, calculados en un 33% para la pauta salarial del sector.
Los fundamentos del fallo rechazaron las solicitudes previas del Ejecutivo para dejar sin efecto la cautelar tras evaluar que el acuerdo parcial suscrito en junio no resolvió la controversia de fondo.
Las autoridades del Ministerio de Capital Humano habían remitido documentación técnica para justificar la ejecución presupuestaria, pero la magistratura determinó que los informes no comprobaron un cumplimiento integral de las obligaciones legales.Las representaciones gremiales y las autoridades de las casas de altos estudios del país mantuvieron la exigencia del giro de los fondos para garantizar la regularidad del ciclo lectivo y la recomposición de los haberes.
Las notificaciones judiciales cursadas al Estado Nacional iniciaron el cómputo del plazo legal fijado para la liquidación de las partidas presupuestarias.
