Dirigentes del Gobierno nacional cuestionaron duramente al gobernador Axel Kicillof y a la jueza Marta Elba Pascual luego de la medida cautelar que paralizó por 60 días la aplicación de la baja de imputabilidad a 14 años. En respuesta, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, tildó la reforma de «eslogan de campaña» y exigió el envío de fondos nacionales para construir la infraestructura requerida.
La decisión de la jueza Marta Elba Pascual de congelar por 60 días la vigencia de la Ley N° 27.801 en la provincia de Buenos Aires desató una feroz tormenta política y mediática entre el Gobierno nacional y la administración bonaerense. La senadora Patricia Bullrich, el jefe de Gabinete Diego Santilli y el ministro de Defensa Luis Petri criticaron sin rodeos al gobernador Axel Kicillof y a la magistrada de Lomas de Zamora, acusándolos de colocarse «del lado de los delincuentes» y aplicar un criterio judicial garantista. En contraposición, desde la Gobernación bonaerense respondieron con vehemencia a través del ministro de Seguridad, Javier Alonso, quien sostuvo que la baja de imputabilidad es inaplicable en la práctica sin el traspaso de los recursos financieros que la Nación le quitó a la provincia para infraestructura, fiscalías y centros de privación de la libertad especializados.
El choque entre ambas jurisdicciones expuso la brecha ideológica y presupuestaria en torno a la viabilidad operativa de las reformas penales promovidas por el Poder Ejecutivo nacional.
Los ejes del cruce político, los reclamos económicos y los aspectos normativos incluyen:
- Ofensiva del Gabinete nacional: Bullrich y Santilli vincularon el freno judicial a la inacción del gobierno provincial frente a la inseguridad, mientras que Petri tildó a la jueza de «kirchnerista» por frenar la norma aprobada en el Congreso.
- El reclamo de recursos de PBA: Alonso tildó la medida de «eslogan de campaña» ante la falta de partidas nacionales, remarcando que se necesitan de forma urgente nuevos juzgados, fiscalías, profesionales y centros de reclusión.
- Defensa técnica del fallo: La jueza Pascual aclaró que no rechaza la ley, pero remarcó que sin supervisor especializado ni plazas seguras, el encierro simple violará los tratados internacionales y no generará seguridad ciudadana.
- Convocatoria a audiencia clave: El juzgado fijó para el 16 de septiembre una audiencia donde los ministerios bonaerenses deberán presentar un plan de acción y plazos para adaptar la infraestructura provincial.
La paralización del nuevo Régimen Penal Juvenil en el conurbano bonaerense deja en evidencia la profunda desconexión entre la agenda legislativa de la Nación y la capacidad logística de las provincias, en un conflicto político que promete escalar hasta la audiencia convocada por la Justicia.
