El Gobierno nacional formalizó una nueva batería de acciones judiciales contra cinco firmas offshore que operan sin autorización en las Islas Malvinas. La estrategia, conducida por la Cancillería y la Procuración del Tesoro, busca individualizar e imputar directamente a gerentes, administradores y representantes legales, extendiendo el cerco penal a un total de 60 personas humanas y jurídicas bajo el marco de la Ley 26.659.
El Poder Ejecutivo Nacional formalizó este jueves una fuerte ampliación en las denuncias penales impulsadas para frenar la explotación ilegítima de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina y en el área de las Islas Malvinas. A través de un comunicado oficial emitido por la Presidencia de la Nación, la administración de Javier Milei confirmó que las demandas se extenderán de manera nominal hacia los directores, gerentes y representantes legales de las compañías involucradas en las decisiones operativas. La medida alcanza en esta nueva fase a cinco firmas del sector offshore —Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, Rockhopper Exploration (Oil) Limited, Borders & Southern Falkland Islands Limited, Borders & Southern Petroleum PLC y Desire Petroleum Limited—, acumulando junto a los expedientes previos un universo de 60 personas físicas y corporaciones sujetas a procedimiento sancionatorio por violación a la soberanía energética.
La embestida legal es encabezada por la Cancillería, conducida por Pablo Quirno, en forma conjunta con el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio. Esta línea de acción complementa la querella previa radicada contra las operadoras del proyecto petrolero Sea Lion —entre ellas Navitas Petroleum, JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas—, buscando paralizar la logística y el financiamiento internacional de los yacimientos no autorizados.
El andamiaje normativo de las querellas se fundamenta en la Ley 26.659, la cual prohíbe las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental sin el aval explícito del Estado argentino, estipulando inhabilitaciones de entre 5 y 20 años para los infractores. Para agilizar la tramitación de estos sumarios administrativos, el Ejecutivo oficializó la publicación del Decreto 868/2026 en el Boletín Oficial, encuadrando estas actuaciones dentro del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado al Congreso y la prioridad presupuestaria asignada a la Base Naval Integrada para 2027.
Con la individualización de las responsabilidades penales de los ejecutivos petroleros, la Casa Rosada ratifica una política de Estado orientada a utilizar la totalidad de los recursos jurídicos y administrativos para sancionar los avances sobre los recursos naturales de la República Argentina.
