El Ministerio de Relaciones Exteriores ultima los detalles del proyecto de ley que ingresará al Congreso para endurecer las penas contra empresas que exploten recursos no renovables en el Atlántico Sur sin aval argentino. El canciller Pablo Quirno confirmó intensas gestiones corporativas y desestimó que la iniciativa responda a especulaciones de política interna.
El Gobierno nacional acelera la preparación del proyecto de ley que enviará al Congreso de la Nación para actualizar el marco regulatorio sobre la soberanía en las Islas Malvinas y frenar la exploración de hidrocarburos en la plataforma continental. En el marco de la ofensiva diplomática impulsada por la Casa Rosada, el canciller Pablo Quirno confirmó que la iniciativa busca establecer sanciones severas a las compañías que operen bajo licencias británicas unilaterales, al tiempo que ratificó el inicio de gestiones internacionales para sumar el apoyo de países aliados en el Atlántico Sur.
El Palacio San Martín trabaja a ritmo febril en la redacción final del texto técnico antes de su remisión formal al Parlamento. La propuesta legal formalizará al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como la autoridad de aplicación del nuevo régimen sancionatorio, al considerar la controversia como un eje prioritario de la política exterior argentina.
Los aspectos clave expuestos por las autoridades diplomáticas incluyen:
- Repercusión en el sector privado: Quirno detalló que tras el anuncio del presidente Javier Milei se incrementaron las consultas por parte de corporaciones internacionales interesadas en conocer el alcance punitivo de la normativa antes de comprometer inversiones en la región.
- Respaldo internacional: Cancillería busca tejer alianzas con naciones amigas para aislar los proyectos hidrocarburíferos unilaterales y forzar el cese de las actividades de exploración.
- Marco regulatorio estricto: El texto otorgará al Estado argentino herramientas más restrictivas para inhabilitar comercial y operativamente a toda empresa o proveedora de servicios que preste logística en el archipiélago.
Asimismo, desde la conducción de la Cancillería descartaron que las medidas obedezcan a un cálculo electoral o a la búsqueda de imagen pública, señalando que la estrategia responde a un plan coordinado de meses por el Poder Ejecutivo.
Con la pronta radicación del proyecto en el Congreso, el oficialismo buscará un pronto despacho en comisiones para dotar al Estado nacional de un instrumento punitivo que disuada la llegada de inversiones energéticas a las islas sin la correspondiente autorización de la República Argentina.
